Frank G. Rubio

Todo debe ser colocado cabalmente siguiendo un orden fulminante.
Antonin Artaud

En la medida que la Tierra no sea plana, muchos comienzan hoy a dudarlo, en nuestras
antípodas vive gente como nosotros separada por algo similar a una línea recta. Nueva
Zelanda y España están más cerca pues de lo que muchos puedan imaginar. No sólo por
motivos básicos relacionados con la geometría esférica, ambas están gobernadas
actualmente por socialdemocracias con formato WEF / FEM. Es decir: son países que se
encaminan velozmente hacia la Distopía, mediante la imposición de estados policíacos al
servicio de tiranías políticas. Y todo para “nuestro bien”.

Me limitaré a citar, no muy de pasada, aunque el lector deberá completar la información
por su cuenta (para ello adjunto los enlaces pertinentes) dos casos de ataques descarnados
a la libertad de expresión en ambos países. Libertad que para televidentes dopados
(extremo centro) y seguidores del izquierdismo subvencionado (extrema izquierda incluida)
son poco más que humo.

El caso español, especialmente sangrante por la indiferencia cómplice de prácticamente la
totalidad del sector periodístico, tiene un nombre propio: Camilo de Ory. En el caso
neozelandés la cuestión aflige a una popular y muy interesante publicación consagrada a lo
paranormal, fundada en 1991: New Dawn. https://www.newdawnmagazine.com

Comencemos con el caso español:
“Homo Velamine fue un fanzine activo entre 2013 y 2022. Tuvimos por objetivo agujerear
las convicciones sociales parasitadas por la prensa y traspasar las fronteras de los dogmas,
usando un método al que llamamos ultrarracionalismo.”
https://www.homovelamine.com

“El Tour de La Manada es un acto ultrarracional que ha desvelado quirúrgicamente las
malas prácticas de los medios de comunicación. Ha sido penado por el Tribunal Supremo
con 18 meses de cárcel y cuantiosas multas, convirtiéndose en nuestra obra de consagración y en uno de los mayores atentados jurídicos contra la libertad de expresión en
España.”

“Para ello se usa por primera vez el artículo 173.1 del Código Penal contra la libertad de
expresión.”

La condena se impone a una persona concreta: Camilo de Ory (Segovia, 4 de julio de
1970) del cual adjunto parte de su ficha biográfica sita en Wikipedia España. La misma
Wikipedia celtibérica que ha hecho imposible que haya una ficha mía, todo hay que decirlo, por
no considerar mi aportación literaria lo suficientemente significativa. Existe sin embargo una
entrada incompleta, pendiente de actualización, en lengua inglesa donde las actividades
“podemitas” no pueden interferir. Quiero significar con ello que el artista condenado no es,
en absoluto, salvo desde el punto de vista formalista de cómo se concibe en el siglo XXI la
transgresión estética, un personaje “antisistema”. Trabajador de Greenpeace, que
obviamente le ha dejado tirado y le ha despedido, su primera intervención ultarracionalista
tuvo como objetivo la alcaldesa Ana Botella.

Camilo de Ory es un poeta, narrador y articulista español. Pasó su infancia y juventud en
Málaga y posteriormente se radicó en Madrid. Colabora como columnista y comentarista en
diversos medios de comunicación. El humor de sus tuits ha sido motivo de controversia y de
demandas judiciales, como sucedió con sus chistes sobre el niño accidentado Julen Roselló
en 2019. Wikipedia.

“En enero de 2023 fue condenado a 18 meses de cárcel y 6000 € de indemnización a la
familia de Julen Roselló por usar (sic) «trato burlesco, ofensivo y degradante» en sus
comentarios sobre el accidente y posterior fallecimiento del niño.” Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_de_Ory

Vamos a seguir precisando y nos vamos al periódico El Mundo que en Octubre de 2022
publica un artículo del cual extraemos algunos fragmentos significativos:

“Juan Soto Ivars acaba de publicar Nadie se va a reír, un ensayo desafiante sobre la
sentencia contra Anónimo García, condenado por la publicación de una web que ofrecía
falsos paseos por los escenarios de la violación de ‘La Manada’ en el San Fermín de 2016.”

“Para Soto Ivars, Anónimo García es otra víctima. Pero en este caso de su propio
desfase. Y de los excesos de celo de la Justicia.

El colectivo es bastante de izquierdas y feminista. Yo los conozco desde 2013 y ya me
había fijado en algunas de sus acciones, como cuando desplegaron una gigantesca
bandera de España desde un andamio de la Gran Vía al paso de la manifestación de un
8M. O cuando echaron a rodar una aplicación para comprar votos de abstencionistas en
unas elecciones. También conocía el fanzine que publicaban, Homo Velamine… Se
dedicaban a hacer estas cosas y eran muy entretenidos… Hasta que sacaron la web con el
tour de La Manada… Soto Ivars dixit.

Sintetizando y citando, para terminar, al mismo Soto Ivars:
El Constitucional podría marcar un límite a la libertad de la sátira en España. Eso es muy
fuerte.
https://www.tourlamanada.com/inicio/la-web-de-la-que-todo-el-mundo-habla-pero-que-nadieha-
visto/
https://www.tourlamanada.com/1-la-accion/
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2022/10/28/635ab68dfdddff58508b45b0.html

Soto Ivars amplía en El Confidencial nuestra información, tanto sobre el caso concreto
como sobre la perspectiva que nuestro ordenamiento jurídico ofrece sobre la libertad de
expresión en nuestra celtibérica covacha: una mera satrapía de la Unión Europea.

“El artículo 524 (ofensas a la religión), el 578 (enaltecimiento del terrorismo) y el 491
(injurias a la corona) se han usado contra raperos, cantantes y dibujantes satíricos de
izquierdas, mientras que el 510 (delitos de odio) y sus ampliaciones, al amparo de las
nuevas leyes de protección de minorías, tira por tuiteros o articulistas de derechas, y contra
cualquiera a quien se pueda acusar de esparcir “directa o indirectamente” (peliagudo matiz
del Código) el odio contra colectivos vulnerables.”

Sin embargo, hay otro más, redactado con un fin muy diferente, que desde hace cuatro
años se está empezando a emplear como castigo por actos de expresión. Es el 173.1,
pertenece al capítulo de “torturas y otros delitos contra la integridad moral”. Hasta 2020,
había servido para condenar a desgraciados, como un tipo que metía la cabeza en agua
helada a una paralítica, otro que rapaba a su novia discapacitada mental en arrebatos de
celos o unos padres que no cambiaron en meses el pañal a su bebé. “Trato degradante” se
llama el crimen, y parece ser exactamente lo que condenaba, ¿verdad? Pues ahora también
condena a gente que hace chistes.”

“La jueza de Pamplona estimó que la mera existencia de la web, independientemente de
su intención, suponía un “trato degradante”, y que el autor demostraba un dolo indirecto,
porque tenía que haber previsto la reacción (el dolor) de esa chica, a la que no conocía de
nada. Es decir: lo condenaba no por la web o su contenido objetivo, sino por la forma en
que una desconocida la había interpretado.

Durante el juicio, ninguna de las explicaciones que el autor de la web ofreció sobre el
sentido o la intención de su acto, ni tampoco las disculpas que pidió a la denunciante
sirvieron de nada. En la sentencia, es del todo irrelevante el contenido del texto o la
intención del autor, y solo importa el sentimiento de daño de la denunciante, el “daño
psicológico” al conocer la existencia de la web.”
https://www.elconfidencial.com/cultura/2023-01-19/camilo-ory-anonimo-garcia-condena_356
0168/
https://www.amazon.es/Nadie-re%C3%ADr-incre%C3%ADble-historia-Sociedad/dp/841896
7439/?tag=ec-3560168-21

Y con esto y el artículo del Código Penal de marras vamos ya perfectamente servidos:
Artículo 173. 1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando
gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos
años…

Gracias a este tipo de legislación se incentiva el conflicto entre los ciudadanos y se
descuidan valores e ideas básicas que permiten la existencia de una sociedad de hombres
y mujeres libres. Obviamente esto último no es el objetivo, ni de nuestros gobernantes, ni de
la oposición, ni de la Oligarquía que los maneja como marionetas; ni de la UE o la ONU a la
que esta última rinde cuentas. Ni, hablemos claro, de la mayor parte de los artistas,
profesores y académicos españoles que son, junto con los políticos y los periodistas, los
sostenedores de lo políticamente correcto en nuestro país. En general por cuestiones
alimenticias entreveradas con lo ideológico. Dejemos las cosas claras de entrada.

Pasemos ahora al caso neozelandés que va más allá de “lo individual”.
https://21stcenturywire.com/2023/01/11/stuff-disinformation-project-caught-spreading-lie-to-b
an-magazine-in-new-zealand/

El 11 de enero de este año, Patrick Henningsen publica un artículo sobre el intento
gubernamental de poner fin a la existencia de la publicación en que trabaja. Extraemos y
traducimos algunos fragmentos:

“No satisfecha con regular la expresión en la red, la clase dirigente de Nueva Zelanda se
ha propuesto “cancelar” también las publicaciones impresas, esta vez por el supuesto delito
de difundir «conspiraciones peligrosas».

“En su afán por proteger al público de discursos «nocivos», el medio de comunicación
Stuff.co.nz fue el primero en alertar al público el 3 de enero de que podría estar expuesto a
un texto peligroso en la sección de publicaciones periódicas de una de las principales
cadenas minoristas del país.”

“Según Stuff, el artículo en cuestión es una pieza breve sita en la contraportada de la
revista, en la página 70, titulada «La extraña historia de Brenton Tarrant», del escritor T.J.
Coles (puede leerse el artículo completo en inglés al final en el enlace sito arriba), que
según Cann (el reportero) «vende conspiraciones antivacunas e insinúa que el ataque
terrorista a la mezquita de Christchurch fue una operación de falsa bandera». La palabra
clave aquí es “insinuar” lo que, para Stuff, cumple con sus fluidos criterios precisos para
prohibir una publicación a escala nacional.”

“El intrépido reportero de Stuff no se detuvo ahí, y procedió a recorrer la ciudad para
comprobar si alguna otra tienda se había atrevido a poner a la venta la controvertida
publicación. Cann se horrorizó al descubrir que «la tienda Lambton Quay de Wellington tenía
ejemplares de dos números a la venta de la revista New Dawn esta semana. También lo
detectó en otras tiendas en Wellington, Johnsonville, y en New Lynn, en West Auckland».
Detengámonos un momento y volvamos atravesando el centro de la tierra, por la ruta más
corta, a nuestro país gobernado por el presidente Sánchez. Un personaje de república
bananera de las que aparecían en los spaghetti western del siglo XX…y no solo por el
nombre.

Durante la pésima actuación gubernamental con relación al COVID, España ha sido
designada como artífice de la más mugrienta de las gestiones por los países vecinos que,
salvo Suecia, no han brillado tampoco por su originalidad e inteligencia. Nuestro gobierno
en funciones trató de imponer algo parecido a lo hecho en las antípodas tomando como
objetivo de su celo redentor “los bulos”. Es decir: cualquier información que pudiera
difundirse y contradijera la versión oficial. Por cierto, esta última cambiante y más que confusa. En la actualidad, y ante la amenaza de perder las elecciones, ha formado un
comité; el recurso básico de las semi bestias socialistas desde el surgimiento de esta
perniciosa ideología en el siglo XIX para… pero veámoslo desde cerca:

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha anunciado a EFE la creación
en el partido de un «comité contra la desinformación de la derecha» con el objetivo de
desmentir en este año electoral los «bulos» que, en su opinión, difunden el PP y Vox contra
los diferentes gobiernos socialistas.

El tal Santos Cerdán transmite una imagen de devorador de langostinos que echa para
atrás. Otra manera de entender esta aportación, que no tiene efecto legal alguno, aunque
serán todos los ciudadanos los que corran con los costes de la operación de “fact-checking”.
“El PSOE se suma a la moda del fact-checking y creará su propia web al más puro estilo
Newtral de Ana Pastor. Todavía no tiene nombre aunque, siguiendo la jerga socialista,
podría ser un «facha checking» porque amenazan con desmentir sólo «los bulos de la
derecha». Las mentiras de la izquierda o de sus socios no parece que vayan a ser
analizadas.”
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2023-01-16/asi-sera-el-comite-del-psoe-contr
a-la-desinformacion-para-desmentir-bulos-de-la-derecha-6976369/

Volvamos a Nueva Zelanda donde están “más avanzados” que nosotros en estas miserias
liberticidas.

El acoso público es una de las estrategias políticas más utilizadas por el izquierdismo
contemporáneo, me niego a utilizar la terminología inglesa, y cuando va además apoyado
por las instituciones gubernamentales, como es el caso de Nueva Zelanda, nos
encontramos con un fenómeno netamente totalitario. Muy similar a prácticas casi idénticas
realizadas bajo el nazismo, el fascismo, el comunismo soviético y el maoísmo. Pero lo más
interesante del caso neozelandés y su variante, de la que estamos dando datos hablando
de un caso concreto, es la activa participación del mundo académico. Un cadáver nada
exquisito cuya descomposición, y el hedor profundo consecuente, resulta ya casi
insoportable en la mayor parte de los países democráticos; estando íntimamente vinculado
con su decadencia y deslizamiento hacia la Distopía.

En España no es casual que el surgimiento de Podemos, el partido de las semi bestias,
esencial para que la actual coalición gobernante siga en el poder, tenga su origen en la
Universidad. El caso estadounidense es paradigmático pero Alemania y Francia, no
digamos ya Inglaterra, no le van a la zaga. El izquierdismo fomentado en las universidades,
practicado en general bajo la dirección de vástagos de la clase dirigente, campa por sus
respetos alentado por las instituciones neoliberales y socialdemócratas. Un buen método
que emula a la revolución cultural maoísta para preparar a las sociedades en la admisión de
todo tipo de medidas tecnocráticas que se consideren necesarias. Todo ello aromatizado
con ideologías simplistas de corte divisivo basadas en lugares comunes tergiversados como
la “justicia social”, el antirracismo y el omnipresente feminismo.

Seguimos con Henningsen y su excelente artículo:
“Para destruir la reputación de la revista New Dawn se urdió una mentira increíble.
El nivel de velocidad y coordinación de esta operación fue impresionante.
Al principio, Geraden Cann, de Stuff, junto con la académica Kate Hannah, del
Disinformation Project, difundieron la rocambolesca afirmación de que el contenido de la
revista podía hacer que los lectores pudieran incurrir en la ilegalidad en Nueva Zelanda:
Kate Hannah, directora de The Disinformation Project, un grupo de investigación que vigila
la desinformación de Covid-19, dijo que algunos de los comentarios en New Dawn estaban
en el límite de la legalidad porque describían el contenido del vídeo de los tiroteos de
Christchurch retransmitido en directo, así como dónde se había publicado lo que podía
animar a la gente a buscarlo.

La directora Kate Hannah dice que aunque algunos de los artículos puedan ser
inofensivos, el que trata del ataque a la mezquita detalla dónde encontrar la transmisión en
directo del ataque. Transmisión que luego fuera prohibida. Dice que un lector ingenuo
podría optar por buscarlo, lo que sería ilegal».

Tratemos de aclarar al lector español esta cuestión. No hay casi ningún españolito que no
haya visto varias veces imágenes del 23 F (Tejero en las Cortes) o de las explosiones del 11
M tomadas por las cámaras de seguridad de la Estación de Atocha, emitidas ambas series
de secuencias una y otra vez. Imagine el lector que el gobierno decidiera prohibir a los
ciudadanos, que podrían perfectamente haber grabado las primeras en vídeo y las
segundas haberlas guardado como archivo de ídem en su ordenador, que las borrasen.
Porque si se les pillaba con ellas en su poder serían castigados.

“De hecho, el gobierno neozelandés llegó a declarar ilegal ver o poseer el vídeo en directo
del tiroteo, y los proveedores de servicios de Internet incluso bloquearon el acceso a los
sitios web que mostraban el vídeo.”

Todo hay que decirlo: a este nivel de infamia y tiranía no hemos llegado aún. En Nueva
Zelanda, los partidarios de la sicaria del WEF/FEM: Jacinda Ardern sí han podido imponer bajo su dirección estas draconianas medidas. Recientemente esta repulsiva criatura decidió
abandonar la política; la prensa española ha elogiado su gestión con escasas excepciones.
Esto que estamos relatando es lo que se nos vendría encima con el PSOE y las semi
bestias con las que anda aliada en su coalición, Podemos y Bildu, si les damos pie para
ello. Pero depende de nosotros marcar una línea y no dejarles pasar.

Pero sigamos profundizando en el modo de hacer las cosas en nuestras
antípodas… Demos la palabra a Henningsen y leamos con atención porque esto nos podría
pasar a nosotros en breve si no lo impedimos.

¿Quién es Kate Hannah? ¿Qué es The Disinformation Project?

La práctica arraigada en los principales medios de comunicación de repetir como loros
informaciones erróneas y falsedades absolutas, vendidas como verdad, no es nada nuevo;
estos medios dominantes rara vez, o nunca, pagan precio alguno por difundir falsedades
casi a diario. Por supuesto, la nueva legión de verificadores de hechos y de expertos y
agencias consagradas a la desinformación nunca se hacen cargo de investigar los
contenidos de estos medios.

¿Qué hay de los llamados funcionarios de la «desinformación/malinformación»? Al parecer,
en su afán por provocar indignación en la opinión pública con el fin de conseguir la
prohibición de la revista, la directora Kate Hannah utilizó la plataforma oficial para difundir la
mentira de que el artículo de New Dawn contenía los detalles de la ubicación del vídeo en
directo de Tarrant sobre el ataque a la mezquita. El mismo que podría acarrear problemas
legales a los lectores. ¿Cómo pudo una académica tan brillante cometer este error fatal?
Vale la pena preguntarse: ¿leyó realmente el artículo, o simplemente se basó en
información de segunda y tercera mano sobre la revista contenida en los principales medios
de comunicación y en en las redes sociales?

En caso contrario la incompetencia por parte de Hannah sería palmaria. Si ese es el caso,
entonces es un buen ejemplo de lo ineptos que es esta nueva generación de
autodenominados expertos en «desinformación». Sin embargo, reciben regularmente fondos
del Estado y se les da un perfil público para que actúen como juez, jurado y verdugo de
facto a la hora de vigilar el discurso y el contenido de los medios de comunicación; pero son
temerarios cuando se trata de aplicar normas periodísticas básicas a sí mismos y a sus
socios mediáticos. En la actualidad, nadie parece querer pedirles cuentas.

En cualquier caso, la gran mentira fue amplificada por Kate Hannah, lo que condujo a la
retirada de la revista de las estanterías de Nueva Zelanda, estanterías en las que New
Dawn Magazine ha sido puesto a disposición del público durante más de dos décadas.
¿Quién es Kate Hannah? ¿está realmente cualificada para juzgar la libertad de expresión
y el discurso público? Cabría esperar que la máxima autoridad neozelandesa para vigilar la
libertad de expresión y la «desinformación» tuviera al menos algo de experiencia en
periodismo, radiodifusión o medios de comunicación. Pero resulta que Hannah,
investigadora de la Universidad de Auckland, no tiene esa experiencia. Según su biografía
universitaria, tiene un máster en «Cultura Literaria Americana del Siglo XIX», y su principal
área de investigación es la «historiografía de la historia de la ciencia, con especial atención a
las culturas y subculturas de la ciencia, el género en la historia de la ciencia, y la narrativa y
la complejidad», también la «investigación de nuevas metodologías híbridas para la historia
de la ciencia». Mucha teoría académica y ciencias sociales, pero nada remotamente
parecido a experiencia alguna en el mundo real o en la industria, en el mismo sector que
ella se encarga de vigilar (presumiblemente en nombre del gobierno de Ardern).

Uno de los últimos trabajos realizados por Kate Hannah y The Disinformation Project
consistió en rastrear datos y utilizar herramientas analíticas web como CrowdTangle para
rastrear e identificar a usuarios disidentes en línea, y luego elaborar extensas listas de
supuestas cuentas indeseables en las redes sociales. Hannah nombró recientemente «The
Disinformation Dozen», a imagen y semejanza de la campaña de censura de la
Administración Biden con el mismo nombre: una lista de usuarios de medios sociales
marcados como prioritarios para la censura y la denuncia supuestamente por cometer el
delito de «desinformación» sobre el Covid o las vacunas. Las recientes revelaciones sobre
los archivos de Twitter en Estados Unidos muestran cómo estos grupos de trabajo
académicos y organizaciones de verificadores se coordinan activamente con las grandes
empresas tecnológicas y el Gobierno para difamar, atacar y, en última instancia, negar el
derecho de las personas a la libertad de expresión y el acceso a las principales plataformas
de medios sociales, a saber, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.”

Lector amigo, que me has seguido hasta aquí, creo que vamos a cerrar ya el artículo. Los
enlaces te permitirán ampliar la información ofrecida y reflexionar sobre la cuestión. No es
otra, al menos para mí, que la grave amenaza que pende sobre nosotros con relación a la
libertad de expresión por la imposición de legislación que priorice “los sentimientos” o trate
de proponer una versión oficial monolítica sobre determinados acontecimientos. En el caso
presente: cuestiones relacionadas con las vacunas y el terrorismo.

Desde el 11S en Occidente se pone en marcha un proceso para imponer una sociedad
tecnotrónica, vía dictadura política camuflada. Y seguimos con ello. La guerra de Ucrania es
el último hallazgo de la camarilla que ha encontrado en el “cambio climático” su piedra
filosofal.

Si les plantamos cara, venceremos; les exigiremos cuentas entonces por las muertes, ya
son millones, y los daños infringidos a los individuos y la sociedad.

Los hombres podrán gritar: ¡Paz, Paz!, pero la paz ya no existe. La guerra ya ha
empezado. Patrick Henry (1775)